Por Alfredo M. Cepero
Director de www.lanuevanacion.com
Ciudadanos enardecidos han dicho basta y demandan del gobierno que ponga fin a esta crisis de legalidad asegurando las fronteras contra inmigrantes ilegales antes de poner en vigor cualquier tipo de reforma migratoria integral.
Durante 50 años presidentes de ambos partidos han ignorado la violación de las leyes de inmigración de los Estados Unidos por millones de ciudadanos de México y otros países de Centro y Sudamérica. Hombres y mujeres desesperados por escapar de la violencia y la miseria ocasionadas por la corrupción y la indiferencia de sus gobernantes. Nadie con un adarme de compasión podría culpar a estos desdichados por escapar de un infierno sin esperanzas de redención. Por ese motivo el pueblo norteamericano ignoró por años la violación de sus leyes y los acogió con los brazos abiertos.
Pero la tolerancia llegó a su fin cuando 60,000 niños sin acompañantes y transportados por traficantes de drogas y de seres humanos aparecieron abruptamente en la frontera sur. No en la oscuridad de la noche sino a plena luz del día y pidiendo ayuda a una guardia fronteriza cuya misión es detener ilegales y no servir de niñeros a víctimas de la contumacia de sus gobiernos. Para complicar las cosas, expertos en el tema estiman que el número de niños podría llegar a 80,000 este año y a 130,000 el año que viene.Ciudadanos enardecidos han dicho basta y demandan del gobierno que ponga fin a esta crisis de legalidad asegurando las fronteras contra inmigrantes ilegales antes de poner en vigor cualquier tipo de reforma migratoria integral.
Sin embargo, cuando el presidente Obama, aborda este espinoso y conflictivo tema, hace una breve referencia a la crisis de legalidad y pone mayor énfasis en lo que califica como: "un asunto humanitario urgente". De hecho, sus críticos, aunque aceptan el calificativo de crisis humanitaria, afirman que la misma tiene su origen en los programas de la administración y en su laxo cumplimiento de las leyes de inmigración. Citan como ejemplo el decreto de Obama en el 2012 por el cual concedió una amnistía unilateral a unas 800,000 personas que eran menores de edad cuando cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos.
Las encuestas, por otra parte, mostraron a la Casa Blanca que su "asunto humanitario urgente" se estaba convirtiendo en una crisis de credibilidad para el presidente. Un hombre con una bien ganada reputación de mentiroso por sus respuestas a las crisis de Benghazi, de Irán, de Siria, de Ucrania y del Internal Revenue; así como de sus promesas fraudulentas sobre el Obamacare.
En un frenético intento por contener el daño político, la Casa Blanca convocó a una cumbre festinada con los presidentes de los tres países de donde provenían los niños. Una cumbre totalmente inútil si tomamos en cuenta que esos tres personajes y sus antecesores en el gobierno de sus respectivos países son los principales culpables de las condiciones que obligaron a estos inocentes a enfrentar el abuso, la violación y la muerte a manos de delincuentes para escapar del infierno al que habían sido condenados.
El viernes 25 de julio, Obama recibió en la Casa Blanca a los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, Otto Pérez Molina, Juan Orlando Hernández y Salvador Sánchez Cerén respectivamente. El día anterior, en un intento por lograr la cooperación de México, Obama sostuvo una conversación telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto.
Por su parte, los tres mandatarios invitados no vinieron en plan de contribuir a la solución de la crisis sino de evadir responsabilidades, culpar de la crisis a los Estados Unidos y exigir ayudas por parte de Washington. Aún antes de viajar a este país, Sánchez Cerén, el guerrillero que se robó las elecciones en El Salvador, declaró que "los tres países tienen que ver esto como un problema de derecho de los niños y de los adolescentes”. Y agregó: “No se les puede dar trato que no esté basado en una política de derecho”.
De igual manera, los tres presidentes centroamericanos se quejaron de lo que consideraban un incumplimiento de promesas de apoyo norteamericano a la lucha contra el crimen transnacional y por el desarrollo socioeconómico mediante la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI). El hondureño, Juan Orlando Hernández, fue aún más lejos cuando calificó como "casi una burla" la iniciativa de 651 millones de dólares que desde 2008 ha prometido la Casa Blanca, pero que los gobiernos afectados aseguran que no están siendo liberados.
El guatemalteco Perez Molina, promotor de la legalización del consumo de drogas en su país, se arrogó la potestad de dar lecciones a Washington sobre la aplicación de fondos destinados a la seguridad fronteriza. En ese sentido manifestó que 2,000 millones de dólares (10 por ciento de los 20,000 destinados a la seguridad) producirían resultados más eficaces si eran destinados a mejorar las condiciones de vida en Guatemala, Honduras y El Salvador.
México, que nunca se queda atrás a la hora de culpar de sus males a su odiado vecino del norte dijo, a través de Miguel Ángel Osorio Chong, segundo en el Gobierno Mexicano, que: “Estados Unidos, con su propuesta migratoria y algunos discursos que se han escuchado, ha hecho creer a los países de Centroamérica, a los papás que están en Estados Unidos, que pueden recibir a sus hijos y que les van a dar ya la posibilidad del registro permanente”.
¿Quién les dijo a estos farsantes que los Estados Unidos son responsables de mejorar las condiciones de salud, educación y empleo para los ciudadanos de sus países? ¿Por qué creen estos señores que los contribuyentes norteamericanos tienen la obligación de destinar fondos a la solución de males foráneos cuando en este país existen todavía problemas de economía, educación y pobreza? Con una deuda nacional sin precedentes de 17 MILLONES DE MILLONES de dólares los Estados Unidos no pueden darse el lujo de seguir siendo el refugio de los desamparados del mundo ni el basurero adonde van a parar los desechos creados por gobernantes corruptos e insensibles a las necesidades de sus pueblos.
Y que no vengan ahora con la cantaleta de que estos niños escapan a la violencia en Centroamérica. Como lo demuestran las estadísticas, esa violencia es endémica y de antigua data. Es cierto que, en el 2013, según las Naciones Unidas, los homicidios en Honduras, Guatemala y El Salvador alcanzaron las cifras espeluznantes de 7,172, 6,025 y 2,594 respectivamente. Pero es también cierto que 20 años antes las muertes por homicidio en esos países andaban por el 50 por ciento de sus cifras actuales. La única excepción era El Salvador con 7,800 homicidios en 1995, debidos a un proceso de recuperación de una recién finalizada guerra civil. Lo que ha cambiado no es la violencia en Centroamérica sino la promesa de Barack Obama de conceder amnistía incondicional a todo inmigrante que cruce con éxito el Río Grande.
Lo que tiene que cambiar es la politización del problema migratorio por ambos partidos políticos de los Estados Unidos. Eso se lograría con la adopción de una política firme que garantice la seguridad en las fronteras y que, al mismo tiempo, ofrezca una vía aceptable por ciudadanos e inmigrantes para la incorporación de los últimos a la sociedad norteamericana.
Pero, sobre todo, lo que tiene que cambiar es la actitud de dependencia de los países que pretenden que Washington les resuelva sus problemas. Este no es tiempo de plañideras ni de demagogos sino de gobernantes que cumplan sus obligaciones y asuman las responsabilidades de sus cargos. Además, quienes reclaman con estridencia respeto a sus soberanías deben de tener la decencia y el coraje de resolver sus propios problemas y no echarle la culpa al "despiadado imperialismo yankee".
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