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Wednesday, February 11, 2015

ARRENDATARIOS MORONENSES EXIGEN AL GOBIERNO

PETITORIA DE ARRENDATARIOS DE LA CIUDAD DE MORON.  


Por: Oscar Ayala Muños. Agencia de Prensa Libre Avileña. A.P.L.A.

Morón  febrero de 2015.


Por este medio solicitamos al gobierno que proceda en el menor tiempo posible, a lo sumo un año, a la entrega de la propiedad de las viviendas a todos aquellos arrendatarios que pasaron a esta condición por haberlas adquirido cuando la compra-venta de este inmueble era considerada un acto ilegal, punitivo, duramente castigado con la confiscación. La necesidad de este paso se torna todavía más apremiante tratándose de enfermos e impedidos físicos que atraviesan por serias dificultades económicas. A éstos casi todo el dinero que reciben se les va en medicinas y en los insuficientes alimentos que adquieren para mantener sus dietas. Qué otros tipos de pagos se les va a exigir.
Esta solicitud representa un reclamo de justicia elemental, pues ante todo hay que tener en cuenta que en el fondo de lo que el gobierno consideraba una transacción ilícita, solía moverse un mundo de necesidades insatisfechas, de problemas familiares extremadamente serios causados por la ausencia de un techo para vivir. La solución a toda costa de esta gran dificultad, la principal de todo ser humano,  tuvo que haberla previsto el gobierno en ningún momento para causar daño a los que por extrema necesidad optaron por comprar viviendas, sino con el fin de haber  resuelto, o al menos atenuado, la terrible dificultad que significa vivir agregado sin condiciones idóneas para la intimidad y la procreación
La política más correcta a tomar por el gobierno en aquel entonces tenía que haber sido, la progresiva estimulación de las compras, y mucho más todavía, de las ventas, porque pudieran haber  existido decenas  de miles de personas dispuestas a comprar, pero muy poco se hubiese logrado si una cantidad aproximadamente igual no estaba dispuesta a vender. La absurda y ambiciosa política del gobierno encaminada a confiscar para después arrendar y recibir dinero fácil, fue originando con el tiempo ciertos males para la sociedad cubana, considerados por algunos expertos de insolubles probablemente por lo que queda de este siglo. Bastaría con mencionar, la baja tasa de natalidad infantil, muy por debajo del nivel de reemplazo, menos nacidos vivos  que cantidad de mujeres fértiles, causa principal de envejecimiento acelerado de la población cubana.
El injusto proceder del gobierno de responder con la confiscación ante las compras ilegales de viviendas, pudiera verse todavía más indigno y sucio, si tenemos en cuenta que las viviendas compradas, pertenecían a propietarios privados, muchos de los cuales las había heredados de familiares que las construyeron  desde mucho antes del triunfo de la revolución. Por otro lado salta a la vista como política improcedente, que en ningún momento se ha tenido en cuenta que los pagos efectuados por la mayoría de los arrendatarios supera ya el valor de tasación que tenían esas viviendas en el momento en que se efectuó la transacción ilícita, y, triplica en apreciación conservadora, el precio que tenían antes de 1959.

Nadie puede negar que el riesgo de comprar viviendas en condiciones de ilegalidad apareciera como consecuencia de la pertinaz  política del gobierno de inmiscuirse y dirigir con férreo control, los más diversos asuntos que competen a la sociedad. Ahora de lo que se trata es de resolver cada una de las dificultades acaecidas por este proceder sin conocimiento de causa para salvar a la población de ulteriores efectos perjudiciales .Es cierto que la legalización reciente de la compra – venta de viviendas,  representó un paso de avance después de tantos años de prohibición; sin embargo, jamás un mérito en el marco de una apreciación sería, así lo entendemos por la sencilla razón, de que en ningún momento el gobierno debió interferir en este tipo de transacción, muy común y corriente en cualquier parte del mundo.
Hay que tener en cuenta que la condición de arrendatario originada como consecuencia de la confiscación de aquellas viviendas que durante pasadas décadas fueron compradas en régimen de ilegalidad, representa un singular producto de las inapropiadas estructuras socioeconómicas y políticas que irrumpieron en avalancha a partir del 1ro de enero de 1959. Después de transcurridas las tres primeras décadas de esta amarga experiencia, el déficit de viviendas en todo el país sobrepasaba el medio millón, situación nada sorprendente si se tiene en cuenta que entre los graves errores cometidos, se echaba a ver, tal vez más que ningún otro, la total destrucción de la capacidad  inversionista privada nacional en el sector constructivo, cuyo empuje y sostenibilidad se puso de manifiesto durante toda la república, período histórico en el que resaltan muchas obras que las impulsadas por el gobierno en 56 años
El martes 23 de septiembre del pasado año 2014, el periódico Granma publicó bajo el título, Cambios  en busca de una mayor eficiencia, las respuestas brindadas a casi medio centenar de preguntas que realizó la población en un foro on line organizado por la Agencia de Información Nacional – AIN- , con motivo del próximo traspaso de funciones del Instituto Nacional de la Vivienda al de Planificación Física. Independientemente a que este traspaso pudiera significar una mayor eficiencia en cuanto a ciertas tramitaciones que anteriormente se dificultaban, lo que más interesaba a decenas de miles de núcleos familiares en toda Cuba apenas fue tocado; una intervención muy breve bastó para echar por tierra todos los ánimos y expectativas. De ello se encargó Santiago Herrera Linares, Director Jurídico del Instituto Nacional de la Vivienda al responder la pregunta de un arrendatario interesado en obtener la propiedad de la vivienda que ocupa: Las recientes modificaciones a la Ley General de la Vivienda y las normas que la complementan, no modifican en nada el estatus o el régimen jurídico de las viviendas que fueron decomisadas cuando la compra-venta era ilegal.                                                                                                                                                        

No es nada sorprendente suponer que semejante evasiva estaba plenamente comprometida con los intereses de un gobierno inmerso en serias dificultades económicas, razón más que suficiente para poner por delante el trasiego a cualquier precio hacia el presupuesto de ingentes recursos dinerarios que por su naturaleza pertenecen a la población. La calculadora e injusta política  encaminada a confiscar para después  recaudar indefinidamente, siempre ha prevalecido y lo seguirá haciendo, nadie sabe hasta cuándo, por encima de cualquier acto de justicia y buena voluntad que ante la problemática tratada, pueda tener el gobierno. No obstante a este convencimiento frustrante, seguiremos luchando por todas las vías posibles hasta que todos los arrendatarios del país que entraron en esta categoría por haber comprado ilegalmente durante pasadas décadas, obtengan la propiedad de las viviendas que ocupan.