PETITORIA
DE ARRENDATARIOS DE LA CIUDAD DE MORON.
Por:
Oscar Ayala Muños. Agencia de Prensa Libre Avileña. A.P.L.A.
Morón febrero de 2015.
Por este medio solicitamos al gobierno que proceda en el menor tiempo posible, a lo
sumo un año, a la entrega de la propiedad de las viviendas a todos aquellos
arrendatarios que pasaron a esta condición por haberlas adquirido cuando la
compra-venta de este inmueble era considerada un acto ilegal, punitivo,
duramente castigado con la confiscación. La necesidad de este paso se torna
todavía más apremiante tratándose de enfermos e impedidos físicos que
atraviesan por serias dificultades económicas. A éstos casi todo el dinero que
reciben se les va en medicinas y en los insuficientes alimentos que adquieren
para mantener sus dietas. Qué otros tipos de pagos se les va a exigir.
Esta solicitud representa un reclamo de justicia elemental, pues ante todo hay que
tener en cuenta que en el fondo de lo que el gobierno consideraba una
transacción ilícita, solía moverse un mundo de necesidades insatisfechas, de
problemas familiares extremadamente serios causados por la ausencia de un techo
para vivir. La solución a toda costa de esta gran dificultad, la principal de
todo ser humano, tuvo que haberla previsto el gobierno en ningún momento
para causar daño a los que por extrema necesidad optaron por comprar viviendas,
sino con el fin de haber resuelto, o al menos atenuado, la terrible
dificultad que significa vivir agregado sin condiciones idóneas para la
intimidad y la procreación
La política más correcta a tomar por el gobierno en aquel entonces tenía que haber
sido, la progresiva estimulación de las compras, y mucho más todavía, de las
ventas, porque pudieran haber existido decenas de miles de personas
dispuestas a comprar, pero muy poco se hubiese logrado si una cantidad
aproximadamente igual no estaba dispuesta a vender. La absurda y ambiciosa
política del gobierno encaminada a confiscar para después arrendar y recibir
dinero fácil, fue originando con el tiempo ciertos males para la sociedad
cubana, considerados por algunos expertos de insolubles probablemente por lo
que queda de este siglo. Bastaría con mencionar, la baja tasa de natalidad
infantil, muy por debajo del nivel de reemplazo, menos nacidos vivos que
cantidad de mujeres fértiles, causa principal de envejecimiento acelerado de la
población cubana.
El injusto proceder del gobierno de responder con la confiscación ante las compras
ilegales de viviendas, pudiera verse todavía más indigno y sucio, si tenemos en
cuenta que las viviendas compradas, pertenecían a propietarios privados, muchos
de los cuales las había heredados de familiares que las construyeron
desde mucho antes del triunfo de la revolución. Por otro lado salta a la
vista como política improcedente, que en ningún momento se ha tenido en cuenta
que los pagos efectuados por la mayoría de los arrendatarios supera ya el valor
de tasación que tenían esas viviendas en el momento en que se efectuó la
transacción ilícita, y, triplica en apreciación conservadora, el precio que
tenían antes de 1959.
Nadie puede negar que el riesgo de comprar viviendas en condiciones de ilegalidad
apareciera como consecuencia de la pertinaz política del gobierno de
inmiscuirse y dirigir con férreo control, los más diversos asuntos que competen
a la sociedad. Ahora de lo que se trata es de resolver cada una de las
dificultades acaecidas por este proceder sin conocimiento de causa para salvar
a la población de ulteriores efectos perjudiciales .Es cierto que la
legalización reciente de la compra – venta de viviendas, representó un
paso de avance después de tantos años de prohibición; sin embargo, jamás un
mérito en el marco de una apreciación sería, así lo entendemos por la sencilla
razón, de que en ningún momento el gobierno debió interferir en este tipo de
transacción, muy común y corriente en cualquier parte del mundo.
Hay que tener en cuenta que la condición de arrendatario originada como
consecuencia de la confiscación de aquellas viviendas que durante pasadas
décadas fueron compradas en régimen de ilegalidad, representa un singular
producto de las inapropiadas estructuras socioeconómicas y políticas que
irrumpieron en avalancha a partir del 1ro de enero de 1959. Después de
transcurridas las tres primeras décadas de esta amarga experiencia, el déficit
de viviendas en todo el país sobrepasaba el medio millón, situación nada
sorprendente si se tiene en cuenta que entre los graves errores cometidos, se
echaba a ver, tal vez más que ningún otro, la total destrucción de la capacidad
inversionista privada nacional en el sector constructivo, cuyo empuje y
sostenibilidad se puso de manifiesto durante toda la república, período
histórico en el que resaltan muchas obras que las impulsadas por el gobierno en
56 años
El martes 23 de septiembre del pasado año 2014, el periódico Granma publicó bajo
el título, Cambios en busca de una mayor eficiencia, las respuestas
brindadas a casi medio centenar de preguntas que realizó la población en un
foro on line organizado por la Agencia de Información Nacional – AIN- , con
motivo del próximo traspaso de funciones del Instituto Nacional de la Vivienda
al de Planificación Física. Independientemente a que este traspaso pudiera
significar una mayor eficiencia en cuanto a ciertas tramitaciones que
anteriormente se dificultaban, lo que más interesaba a decenas de miles de
núcleos familiares en toda Cuba apenas fue tocado; una intervención muy breve
bastó para echar por tierra todos los ánimos y expectativas. De ello se encargó
Santiago Herrera Linares, Director Jurídico del Instituto Nacional de la
Vivienda al responder la pregunta de un arrendatario interesado en obtener la
propiedad de la vivienda que ocupa: Las recientes modificaciones a la Ley
General de la Vivienda y las normas que la complementan, no modifican en nada
el estatus o el régimen jurídico de las viviendas que fueron decomisadas cuando
la compra-venta era ilegal.
No es nada sorprendente suponer que semejante evasiva estaba plenamente
comprometida con los intereses de un gobierno inmerso en serias dificultades
económicas, razón más que suficiente para poner por delante el trasiego a
cualquier precio hacia el presupuesto de ingentes recursos dinerarios que por
su naturaleza pertenecen a la población. La calculadora e injusta política
encaminada a confiscar para después recaudar indefinidamente,
siempre ha prevalecido y lo seguirá haciendo, nadie sabe hasta cuándo, por
encima de cualquier acto de justicia y buena voluntad que ante la problemática
tratada, pueda tener el gobierno. No obstante a este convencimiento frustrante,
seguiremos luchando por todas las vías posibles hasta que todos los arrendatarios
del país que entraron en esta categoría por haber comprado ilegalmente durante
pasadas décadas, obtengan la propiedad de las viviendas que ocupan.
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